El epílogo del inusitado fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que se “atribuye jurisdicción y competencia” basada en una “jurisdicción universal protectora de los derechos humanos”, dándole directamente instrucciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha sido institucionalmente lamentable, en especial ahora que la OEA le comunicó a la Corte que no dará cumplimiento a su fallo.